“ Le voy a meter la tijera a todo,
salvo a pensiones, sanidad y
educación.”
—Mariano Rajoy, 4 de noviembre de 2011
(dos semanas antes de las elecciones).
Después de meter la tijera en ayudas sociales, cultura, dependencia, educación, energías
renovables, investigación y desarrollo (I +D+i); funcionarios y empleados públicos,
pensiones, sanidad, servicios públicos, entre otros. El Grupo Parlamentario popular pretende
prohibir las huelgas. La propuesta supondría la práctica de eliminar el derecho de manifestación, lo
que equivale a prohibir una protesta sindical. ¿Democracia?...Aún hay más.
Nace la figura de “los eurofichados”, una nueva estrategia que permitirá detener y encarcelar en cualquier país de la Unión Europea a una persona por una multa judicial pendiente en otro. Esto afectaría a jóvenes y trabajadores que hayan sido capturados en alguna manifestación. Esta nueva ley, conocida también como “Ley Fernández” contempla la creación de una lista negra de infractores compartida por los países europeos. El problema se agrava cuando al Partido Popular se le "olvida" que pueden ir a la cárcel o ser condenados más de 300 trabajadores que se han manifestado en contra de la reforma laboral. ¿Justicia?.
Todas estas reformas que sólo favorecen a una élite social y es rechazada por la mayoría de la población, los cuales, pasamos desapercibidos. El hecho de cambiar el Estatuto de los Trabajadores como desea hacerlo el partido conservador, supondría el tsunami del Estado del Bienestar y su destrucción completa. Los sindicatos perderíamos el derecho a convocar una huelga cuando se esté pasando por alto un convenio colectivo y se cree otro, sin esperar la caducidad del primero y que proporcione flexibilidad a las empresas, es decir, menos derechos a los trabajadores y más facilidades a los empresarios.
Y, si queremos protestar o manifestarnos en contra de estas medidas antidemocráticas y llenas de cinismo; podemos ir a la cárcel o pagar multas abismales. Se le está metiendo tijera a otro derecho que durante más de treinta y cinco años hemos tenido. Lo único que pretenden los Populares es desalentar al pueblo y mostrar la huelga como un acto delictivo.
En conclusión, el Partido Popular defiende la Constitución como a la Biblia pero se les olvidó que el derecho a la huelga en un "mandamiento" que está incluido en la Carta Magna.
Nace la figura de “los eurofichados”, una nueva estrategia que permitirá detener y encarcelar en cualquier país de la Unión Europea a una persona por una multa judicial pendiente en otro. Esto afectaría a jóvenes y trabajadores que hayan sido capturados en alguna manifestación. Esta nueva ley, conocida también como “Ley Fernández” contempla la creación de una lista negra de infractores compartida por los países europeos. El problema se agrava cuando al Partido Popular se le "olvida" que pueden ir a la cárcel o ser condenados más de 300 trabajadores que se han manifestado en contra de la reforma laboral. ¿Justicia?.
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| Fotografía Maryana Espinel |
Todas estas reformas que sólo favorecen a una élite social y es rechazada por la mayoría de la población, los cuales, pasamos desapercibidos. El hecho de cambiar el Estatuto de los Trabajadores como desea hacerlo el partido conservador, supondría el tsunami del Estado del Bienestar y su destrucción completa. Los sindicatos perderíamos el derecho a convocar una huelga cuando se esté pasando por alto un convenio colectivo y se cree otro, sin esperar la caducidad del primero y que proporcione flexibilidad a las empresas, es decir, menos derechos a los trabajadores y más facilidades a los empresarios.
Y, si queremos protestar o manifestarnos en contra de estas medidas antidemocráticas y llenas de cinismo; podemos ir a la cárcel o pagar multas abismales. Se le está metiendo tijera a otro derecho que durante más de treinta y cinco años hemos tenido. Lo único que pretenden los Populares es desalentar al pueblo y mostrar la huelga como un acto delictivo.
En conclusión, el Partido Popular defiende la Constitución como a la Biblia pero se les olvidó que el derecho a la huelga en un "mandamiento" que está incluido en la Carta Magna.
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